El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PP), ha comparecido para responder a las duras críticas del portavoz socialista y exalcalde, José María Villalobos (PSOE), en relación con el nuevo pliego del contrato de recogida de basuras y limpieza viaria, que se ha visto suspendido cautelarmente tras la presentación de recursos. Jiménez calificó las declaraciones socialistas como un «discurso tremendista» y acusó a Villalobos de falta de memoria e hipocresía política, asegurando que el objetivo del PSOE es «reventar» el proyecto.

El alcalde defendió la necesidad de un nuevo pliego que incremente la dotación de personal y los recursos para adaptarlos al crecimiento de la ciudad, pasando de 58 a 99 trabajadores. En respuesta a la pregunta socialista de quién pagará el coste de 7,3 millones de euros anuales del nuevo contrato, Jiménez fue directo: los servicios públicos los paga el ciudadano a través de impuestos y tasas, negando que esto implique recortes en otros servicios.

El alcalde achacó la suspensión cautelar del proceso a los recursos presentados, uno por el PSOE y otro por una empresa licitadora. Jiménez señaló que la empresa que ha presentado el recurso es la misma que presta el servicio de recogida de basuras en La Rinconada, municipio cuyo alcalde es el presidente del PSOE de la Diputación, sugiriendo un posible interés político en el bloqueo. Jiménez aseguró que el recurso legal es una estrategia para «alargar el proceso» y entorpecer un plan que, según él, pondrá fin al problema de la limpieza en Utrera, comprometiéndose a sacar el contrato adelante. El primer edil ha señalado que “se solventarán si es que procede lo que el tribunal considere y la tramitación seguirá adelante, con lo que lo único que perdemos es tiempo, pero desgraciadamente eso es lo que busca el PSOE”.

Jiménez le recuerda a Villalobos que el contrato que expiró en 2022 y que el socialista ha señalado que “Jiménez dejó atado y bien atado para que nadie pudiera hacer nada”, se aprobó en 2012 con los votos a favor del PSOE. Por otro lado, con respecto al nuevo pliego, quien debería haberlo realizado fue el gobierno socialista cuando finalizó el anterior en 2022, “pero no hizo nada, cero, absolutamente nada. Villalobos se llevó ocho años sin hacer nada, ni una mejora ni una aportación ni una modificación ni un nuevo pliego, es lamentable que alguien que no ha movido un dedo venga ahora a plantear no sabemos muy bien qué”.

Lo cierto es que antes de la finalización del contrato, era necesario proceder a la revisión de precios, la empresa FCC presento un escrito en el que expuso que esa revisión tiene errores. “A pesar de las advertencias de la empresa no se corrigió nada y el gobierno de Villalobos ni respondió al escrito”, recuerda el alcalde. En 2022 se prorrogó la prestación del servicio sin arreglar ninguno de estos problemas. «Villalobos siguió sin hacer nada» y antes de las elecciones municipales de 2023, FCC comunicó al Ayuntamiento que comenzaría a facturar a “coste real”, lo que suponía un incremento considerable respecto a las condiciones inicialmente pactadas. “¿Qué hizo Villalobos? Tampoco respondió. Nada”.

En respuesta a la acusación de haber cambiado su postura respecto a la municipalización, el alcalde insistió en que ni el Pleno ni el anterior gobierno de Villalobos aprobaron nunca municipalizar el servicio. «Lo que hizo el PSOE dos meses antes de las elecciones, fue tratar de ganarse el favor de la plantilla de FCC, aprobando hacer un estudio sobre la viabilidad de la municipalización. Punto, eso fue todo», afirmó Jiménez. El actual gobierno optó por no municipalizar el servicio basándose en el resultado del estudio encargado, que desaconsejaba esta opción.

Jiménez, por su parte, se preguntó a qué se refería Villalobos cuando dijo que lo tenía «casi listo», ya que el socialista tuvo ocho años para diseñar un nuevo modelo sabiendo que el contrato finalizaba en 2022, incluso con mayoría absoluta, y no lo hizo. En cuanto a la subida de la tasa de basuras, Jiménez matizó que el incremento es del 24% y no del 30% como se ha dicho. Atribuyó la subida a la Ley 7/2022, del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El alcalde criticó a Villalobos por su «mala gestión» y «cobardía» al no haber aplicado la ley en 2022 por «miedo a perder las elecciones», lo que, según Jiménez, ha costado a los utreranos una multa de un millón de euros por no aplicar la normativa desde entonces. Finalmente, el alcalde acusó al PSOE y a Villalobos de haber «comenzado su carrera hacia las elecciones«, mientras el actual gobierno se dedica a «trabajar por hacer una Utrera mejor y responder a las expectativas y los compromisos con los ciudadanos».

El alcalde defendió el nuevo contrato que va a contar con más de 90 empleados (el doble que ahora), nueva maquinaria, nuevos contenedores y un sistema de recogida más acorde con el crecimiento de Utrera. «Vamos a pasar de 58 personas a 99», explicando que el nuevo servicio está diseñado para prestar atención a barriadas, polígonos industriales y zonas de crecimiento que antes no estaban cubiertas, cumpliendo con el compromiso que le hizo a la ciudadanía.