La polémica política sobre las presuntas obras ilegales en una vivienda propiedad de la concejal de Urbanismo María Luisa Reina vuelve al foco mediático con las denuncias del Partido Socialista acusando al PP de «borrar el nombre» de la delegada en el expediente sancionar de dichas obras ilegales. El decreto fue firmado por la teniente de alcalde, Isabel González Blanquero (Utrera+), pero en él se omite el nombre de la delegada Reina, sin que conste justificación jurídica alguna para esta exclusión. Este hecho, calificado por el PSOE de Utrera como una «maniobra política inaceptable», destapa un «flagrante conflicto de intereses».
Reina Rodríguez, como máxima responsable de velar por la legalidad urbanística en Utrera, «se encuentra directamente implicada en un expediente tramitado por su propia área, sin que haya constancia de que declarara su incompatibilidad o solicitara su abstención ante los órganos competentes, como la Secretaría Municipal o el propio alcalde«, denuncian los socialistas. La inexplicable exclusión de su nombre choca frontalmente con documentos esenciales del caso, como el acta de inspección de 2021 y los informes técnicos previos, donde sí se identificaba a ambos copropietarios como presuntos responsables. Sin embargo, el decreto sancionador resultante solo se dirige contra el cónyuge de la delegada, «aceptando sus argumentos sin ofrecer una base legal sólida que justifique por qué el nombre de Reina Rodríguez ha sido borrado del procedimiento».
El PSOE ha denunciado que esta irregularidad «dinamita la credibilidad institucional» y pone al descubierto una presunta trama de opacidad diseñada para blindar políticamente a la delegada». A pesar de la gravedad de los hechos y su implicación directa, María Luisa Reina Rodríguez sigue al frente de la Delegación de Urbanismo. «El atronador silencio del alcalde, Francisco Jiménez Morales (PP), no hace más que agravar la crisis. Su negativa a ofrecer explicaciones convincentes sobre la omisión en el expediente y su decisión de mantener en el cargo a Reina Rodríguez son interpretadas como una estrategia para encubrir una «deriva autoritaria y decadente» en la gestión municipal, donde la lealtad al partido parece prevalecer sobre la transparencia y la legalidad», detallan los socialistas.
«El alcalde carga con toda la responsabilidad política y moral por avalar esta doble vara de medir», ha señalado el PSOE, insistiendo en que la permanencia de la delegada «supone una burla a la legalidad y erosiona la confianza ciudadana en una aplicación justa de las normas».
