El alcalde del PP, Francisco Jiménez, elimina los beneficios públicos del contrato de la zona azul y los entrega a una empresa privada.La decisión fue tomada a espaldas de la ciudadanía y sin explicación alguna, y ha obligado al PSOE de Utrera a exigir la paralización inmediata de una operación que solo perjudica a los utreranos.

«El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PP), con el respaldo de su socia de gobierno Isabel González Blanquero (Utrera+), ha aprobado en pleno una licitación del servicio de Zona Azul para su gestión por una empresa privada durante diez años, eliminando cualquier reparto de beneficios con el Ayuntamiento y renunciando a 3.150.000 euros que estaban previstos inicialmente para las arcas públicas. Una decisión política que consolida un modelo de gestión opaco, económicamente perjudicial y sin garantías de retorno para el municipio.»

En mayo de 2024, el estudio económico-financiero elaborado por el propio Ayuntamiento estimaba ingresos para Utrera por valor de 5,7 millones de euros a lo largo de la concesión. Sin embargo, documentos posteriores rebajaron esa previsión de forma inexplicable: primero a 3,9 millones, luego a 2,25 millones, sin que exista ni un solo informe técnico, económico o jurídico que justifique esas variaciones.

El 26 de mayo de 2025, el expediente de licitación recogía un canon de 50.000 euros anuales y un reparto del 80% de los beneficios para el Ayuntamiento. Sin embargo, apenas una semana después, el 5 de junio, el modelo cambia radicalmente: el canon se reduce a 10.000 euros anuales y se elimina por completo el reparto de beneficios. El resultado es que Utrera solo ingresará 100.000 euros en una década, mientras la empresa adjudicataria percibirá la práctica totalidad del rendimiento del servicio. En solo siete días se pierden 1,35 millones de euros, y en total 3,15 millones han desaparecido sin explicación técnica, jurídica ni económica.

Además, el contrato aprobado por el alcalde establece una duración de diez años, un plazo desproporcionado si se compara con otros contratos municipales de mayor cuantía, que se limitan habitualmente a dos años. Este blindaje impide corregir errores y garantiza al concesionario una posición de ventaja durante una década completa. Mientras los ciudadanos pagan cada día por aparcar, el Ayuntamiento entrega los beneficios a una empresa privada sin retorno alguno para la ciudad. Ese dinero, que podría destinarse a servicios públicos, limpieza, seguridad o ayudas sociales, se desvincula del interés general para asegurar un beneficio privado sin contraprestaciones reales. Con este modelo, Utrera queda excluida, no participa de los beneficios y pierde capacidad económica para invertir en lo que verdaderamente importa.

La decisión del alcalde de eliminar los beneficios públicos del contrato de la zona azul y entregárselos íntegramente a una empresa privada podría suponer presuntas irregularidades, a espaldas de la ciudadanía y sin explicación alguna, obliga al PSOE de Utrera a exigir la paralización inmediata de una operación que solo perjudica a los utreranos.