La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Utrera, Alba Padilla, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por Ruth Santos, delegada independiente del comité de empresa de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, en relación con distintos asuntos laborales vinculados a la empresa OHL Servicios-Ingesan S.A., adjudicataria de la prestación de este servicio.

Padilla ha querido aclarar, en primer lugar, que “no es lo mismo una denuncia formal que una reclamación presentada en Servicios Sociales”. En este sentido, ha explicado que una denuncia formal debe presentarse ante los organismos competentes, como la Inspección de Trabajo, el juzgado o la Guardia Civil, mientras que “lo que se presentó en Servicios Sociales fueron dos reclamaciones laborales concretas, no una denuncia formal, y así consta en la documentación”, ha señalado la delegada.
Con respecto a la petición de que esas reclamaciones se contesten por escrito, Padilla ha explicado que las trabajadoras fueron informadas verbalmente por la responsable técnica del servicio y que se les indicó que, si deseaban una respuesta por escrito, debían solicitarlo correctamente, incluyendo un medio válido de notificación, bien un domicilio postal o un correo electrónico.
“Se les ha reiterado que no había ningún problema en darles una respuesta por escrito, pero en ningún momento han facilitado la manera en que se les puede dar la contestación. Si la quieren por escrito, deberán volver a presentar la solicitud indicando correctamente dónde quieren recibir la notificación”, ha aclarado.

La delegada ha insistido también en que el Ayuntamiento no es la empresa empleadora de las auxiliares del SAD. “Las trabajadoras no son personal del Ayuntamiento, son trabajadoras de la empresa adjudicataria. Eso no significa que el Ayuntamiento mire hacia otro lado, pero sí que hay que distinguir claramente qué corresponde a una relación laboral entre empresa y trabajadora y qué corresponde a la administración municipal”, ha señalado.
En este sentido, Padilla ha explicado que la sanción de la Inspección de Trabajo a OHL Servicios-Ingesan se refiere a un caso concreto entre una trabajadora y la empresa, y no guarda relación directa con las reclamaciones planteadas ante Servicios Sociales ni con la prestación general del Servicio de Ayuda a Domicilio en Utrera. “Se está intentando mezclar una resolución de la Inspección de Trabajo sobre un caso concreto con otras reclamaciones distintas presentadas en Servicios Sociales. Son asuntos diferentes y no se puede presentar todo como si fuera un problema general de la plantilla o del servicio”, ha afirmado.
La delegada ha defendido que el Ayuntamiento seguirá cumpliendo con su obligación de fiscalizar el contrato y velar por que el Servicio de Ayuda a Domicilio se preste correctamente, pero ha pedido rigor a la hora de trasladar información a la opinión pública. “No se puede trasladar a la ciudadanía que cualquier conflicto laboral entre una trabajadora y su empresa es automáticamente un problema general del servicio o una responsabilidad directa del Ayuntamiento. El Ayuntamiento actúa cuando tiene que actuar, comprueba la información que se le traslada y exige a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones”, ha manifestado.
Alba Padilla ha recordado, además, que cuando se han planteado cuestiones de competencia municipal o asuntos que podían afectar directamente a derechos de usuarios o trabajadoras, la delegación de Servicios Sociales ha realizado las comprobaciones oportunas. “El Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio esencial para muchas familias de Utrera y para este Gobierno es una prioridad que funcione correctamente. Por eso precisamente hay que tratar estos asuntos con seriedad, sin confundir a la ciudadanía y sin utilizar conflictos concretos para sembrar dudas sobre todo el servicio”, ha concluido.







