Mientras el abandono institucional se instala en Utrera, los contenedores de residuos sólidos urbanos y de recogida selectiva permanecen en un estado de deterioro absoluto: no se limpian, no se lavan, no se baldean sus entornos y, lo que es aún más grave, no se desinfectan. Esta falta de atención, reparación y mantenimiento está generando una situación límite. En pleno verano, el hedor que desprenden se vuelve insoportable, y su dejadez propicia la proliferación de insectos, roedores y focos de infección, dando paso a una posible crisis sanitaria en las calles de Utrera.

Todo esto sucede mientras el gobierno municipal permanece impasible, sin ofrecer soluciones, sin reaccionar, como si este problema no existiera. Y quizá esa indiferencia tenga una explicación incómoda: los contenedores rotos, malolientes y plagados de suciedad no pagan viajes, comidas ni hoteles de lujo, como sí hacen algunas empresas del sector.

Una situación que contrasta de forma escandalosa con el entusiasmo y el empeño que muestra el delegado de Limpieza, Félix Gómez Barro (PP), cuando se trata de explorar la posible compra de nuevos modelos de contenedores. Como él mismo reconoció públicamente en el Pleno de julio de 2024, ha participado en viajes organizados y financiados por empresas proveedoras del sector, acompañado además por personal de confianza del alcalde Francisco Jiménez. “La empresa interesada en que conozcamos su producto es la que nos invita a correr con los gastos”, llegó a afirmar textualmente el propio delegado.

Una declaración que dispara todas las alarmas éticas y políticas, pues demuestra que mientras los vecinos de Utrera padecen una situación insalubre, los responsables públicos se prestan a recibir atenciones pagadas por
compañías que podrían resultar adjudicatarias del contrato más importante del Ayuntamiento. Haber aceptado viajes, comidas y hoteles pagados por empresas del sector que podrían beneficiarse del contrato más importante del Ayuntamiento es un hecho que, al menos, debería haber tenido consecuencias políticas inmediatas.

El silencio del alcalde, Francisco Jiménez, ante este reconocimiento público resulta escandaloso. Las visitas pagadas por empresas del sector, reconocidas por el propio delegado y jamás desmentidas por su gobierno municipal, siembran dudas sobre la limpieza del proceso. Estos privilegios ofrecidos por posibles proveedores, que de alguna forma podrían beneficiarse del contrato municipal de limpieza viaria, superior a los 72 millones de euros, pueden colocar a determinadas empresas en una posición ventajosa frente al resto.

El contrato, que podría incluir una partida estimada de más de cuatro millones de euros para la renovación del parque de contenedores, deja abierta —como suele ocurrir en este tipo de adjudicaciones— la posibilidad de que sea la corporación municipal, a través del delegado de Limpieza, quien indique o proponga el modelo a implantar. Si previamente se han visitado determinadas empresas que ofrecieron atenciones pagadas, la neutralidad del proceso podría verse comprometida, generando una ventaja comercial injustificada. No sería descartable que los modelos visitados acaben siendo los seleccionados, reforzando así la apariencia de una preferencia previa y consolidando los indicios de conflicto de intereses que ya planean sobre el proceso. Más allá del juicio ético, esta situación comprometería los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia que deben regir la contratación pública.

Lo más grave es que, a estas alturas, Francisco Jiménez, alcalde de Utrera, aún no ha cesado al delegado de Limpieza, cuando ya debería haberlo hecho. No puede seguir al frente de un contrato en el que podría estar presuntamente implicado desde su origen por un posible conflicto de intereses, con lo cual estaría contaminando un procedimiento que nace viciado y que puede vulnerar los principios legales de concurrencia, igualdad y transparencia.

A ello se suma que siguen sin dar a conocer los nombres de las empresas visitadas, lo que alimenta aún más las sospechas sobre el proceso. La falta de transparencia es ya un síntoma más de un contrato que nace bajo la sombra de la opacidad. En este contexto, el alcalde debe también apartar a todo el personal del Ayuntamiento que haya estado vinculado a estos hechos. Nadie con posible conflicto de intereses puede seguir interviniendo en el desarrollo de este contrato.

El deterioro institucional es ya evidente: el gobierno municipal ha dejado de gestionar para dedicarse a protegerse a sí mismo. Todo se oculta, se demora o se justifica con absolutas mentiras, y al final los únicos que pagan son los utreranos, víctimas de una gestión sumida en el más absoluto desgobierno. El contrato más importante del Ayuntamiento de Utrera nace marcado por la sospecha y la incertidumbre. Y la ciudad, una vez más, paga las consecuencias de tener un gobierno más preocupado por proteger privilegios que por defender el interés general.