153 personas con rentas mínimas tendrán un contrato de trabajo a través del Plan de Emergencia Social

29/05/2024

Un total de 153 personas en riesgo de exclusión social, familias con rentas mínimas cuyos ingresos estén dentro de unos límites realmente bajos, son las beneficiarias del Plan de Emergencia Social (PES) que, dependiendo de la Diputación Provincial, es gestionado anualmente por los ayuntamientos. En esta ocasión, Utrera es beneficiaria de 153 contratos que se pondrán en marcha en los próximos días, con un total de 3 meses de duración. Algo que ya anunciaba la delegada de Servicios Sociales, Alba Padilla, hace unos días en una entrevista concedida a Utrera al día.

En la gestión del PES de este año ha habido una cuestión que ha marcado la diferencia con respecto a ediciones anteriores, en el que los contratos se gestionaban de manera interna desde los Servicios Sociales, para personas que ya estaban dentro del sistema. En esta ocasión se ha abierto a la población y han podido optar a esa contratación cualquiera que cumpliese los requisitos que establece esta convocatoria.

Entrevista con Utrera al día

Hacer la convocatoria extensiva a toda la población también era algo que preocupaba a la delegación de Servicios Sociales porque realmente no se sabía cuántas personas se iban a presentar, de hecho se han recibido el doble de solicitudes que el pasado año, un total de 470, de las que se publica inicialmente un listado con la relación de admitidos y desestimados y se abre un plazo para que las personas que tengan que subsanar alguna documentación puedan hacerlo. Finalmente se publicará el listado definitivo de las personas adjudicatarias de este plan.

Por todo ello, la delegada asegura que se ha hecho «un procedimiento absolutamente limpio y transparente de una manera eficaz, ordenada y con citas previas”. Alba Padilla asegura sentirse satisfecha con los cambios que se han logrado poner en macha, “porque es importante que todo el mundo tenga información de que estas ayudas existen, que sea algo realmente público y baremable, porque los ciudadanos deben saber dónde y cómo se gestionan los recursos que se prestan con dinero público y que no se pueda decir como un hábito que siempre entran a trabajar los mismos”.

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