La actual delegada de Reactivación Económica, Empleo y Recursos Humanos, así como concejal y portavoz del grupo municipal de la coalición electoral Utrera+, Isabel González Blanquero, ha mostrado todo su apoyo hacia las movilizaciones que los colectivos agrarios de nuestro país llevan manteniendo a lo largo de las últimas semanas “con el objetivo de concienciar a las instituciones públicas acerca de las graves carencias y los enormes impedimentos que vienen afectando, desde hace años, la productividad del campo español y la estabilidad del sector en su conjunto”.
Sin embargo, aunque señala que otras formaciones políticas se han mostrado solidarios con esta causa, González considera que aplaudir y elogiar de forma abstracta y genérica las justas reclamaciones del mundo agrícola “no basta para ayudar a corregir eficazmente los grandes desafíos, a todos los niveles, que este afronta”.
Según ha manifestado Isabel González, uno de ellos es la escasa atención que recibe el importante condicionante comercial que supone la fuerte competencia desleal causada por aquellos productos agrícolas que, importados de terceros países, “no cuentan con las adecuadas garantías de cuidado ambiental y de protección sanitarias que sí se les exigirían a los mismos productos si estos procedieran de los estados miembros de la Unión Europea”, detalle que se combina a su vez con una insuficiente etiquetación, lo cual no facilita a los propios consumidores el poder conocer la auténtica procedencia y calidad de los mismos.
Otro factor que también ha querido señalar, “como causante de muchos de los agravios económicos que perjudican a los agricultores y a los ganaderos por igual”, sería el de las prácticas especulativas desleales “que comenten algunos intermediarios con los precios de los productos”. Es por ello que Isabel González propondrá en el próximo pleno municipal una moción para instar al actual Gobierno de España, junto a las instituciones y organismos pertinentes, a que incidan sobre los estados miembros de la Unión Europea “para que revisen sus respectivos acuerdos comerciales con los países no miembros cuyas exportaciones no cumplan con las normativas sanitarias y ambientales exigidas a los productos originarios de la propia Unión”, así como extender la etiquetación de trazabilidad de origen a todos los productos agrícolas sin excepción.
Por último, se instaría también a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) a que incrementase las sanciones e inspecciones de oficio destinadas a “poder detectar y corregir las posibles prácticas desleales que se pudieran llegar a producir durante el proceso de comercialización de determinados productos”, facilitando el adecuado resarcimiento de aquellos agricultores y ganaderos afectados cuando se llevara a cabo la ejecución de infracciones que les hubieran perjudicado directamente.
