UGT rechaza los servicios mínimos de la huelga general en el Servicio de Ayuda a Domicilio de Utrera

11/11/2026

La representación sindical considera «excesivos» los mínimos decretados por la Junta de Andalucía y denuncia un mensaje de «presión y amenaza» a las trabajadoras por parte del Ayuntamiento y la empresa. La representación sindical de UGT en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Utrera ha mostrado su «más absoluto rechazo» a los servicios mínimos decretados por la Junta de Andalucía para la huelga general del 11 de noviembre. A su juicio, son excesivos y limitan de manera desproporcionada el derecho de huelga de las trabajadoras del servicio.

El sindicato asegura ser «plenamente consciente» de que presta un servicio esencial y afirma que nunca ha dejado de asumir su responsabilidad con las personas usuarias. Pero subraya que «ser esenciales no significa renunciar a nuestros derechos». Con esta idea resume su postura en la frase con la que encabeza el comunicado: el SAD no puede ser esencial para atender a la ciudadanía y prescindible cuando se trata de defender los derechos de sus trabajadores.

UGT manifiesta su preocupación porque, según afirma, desde el Ayuntamiento y la empresa se está trasladando a las trabajadoras «un mensaje de presión y amenaza», tal y como dice queda reflejado en el documento que se les ha remitido. El sindicato recuerda que el derecho de huelga «no se concede», sino que es un derecho fundamental que nadie puede intimidar.

También considera «inadmisible» que, «una vez más», no se haya contado con los representantes sindicales para abordar una cuestión que afecta directamente a las condiciones laborales y a los derechos de la plantilla. El comunicado de la sección sindical de UGT del Servicio de Ayuda a Domicilio va más allá de la huelga y denuncia que el servicio «está muriendo poco a poco entre privatizaciones, precariedad, falta de reconocimiento y administraciones» más preocupadas, a su juicio, por gestionar contratos que por «cuidar a quienes cuidan». Resume la situación así: «La Junta decreta, el Ayuntamiento consiente y la empresa presiona, pero quienes sufren las consecuencias son siempre las trabajadoras».



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