LOS ALCALDES DE EL CORONIL Y DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA DESMIENTEN A FRANCISCO JIMÉNEZ

20/09/2014

Los alcaldes socialista de El Coronil y de Sanlúcar de Barrameda instan al alcalde de Utrera «a informarse bien» en el tema de los pagos a Mancomunidad

* El alcalde de El Coronil invita a Francisco Jiménez «a informarse bien», señalando que es muy importante la «lealtad institucional», a la vez que entiende que «antes de hacer pública una información falsa, se deberían haber puesto es contacto con este Ayuntamiento para de esta manera tener información de primera mano».

* Al igual que el alcalde de El Coronil el ayuntamiento gaditano de Sanlúcar de Barrameda desmiente al alcalde utrerano, quien afirmaba que ninguna de las dos poblaciones había pagado nada de la deuda de Mancomunidad, éste ayuntamiento manifiesta que ha abonado un millón de eudos de la deuda pendiente, por lo que también insta a Francisco Jiménez «a informarse bien»

FUENTE: EUROPA PRESS
Francisco Jiménez desmentido por dos alcaldes socialistas
El alcalde de El Coronil, Jerónimo Guerrero (PSOE), ha pedido este sábado «lealtad institucional» al alcalde de Utrera (Sevilla), Francisco Jiménez (PA), por sus declaraciones respecto a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, ya que asegura que su Consistorio «ha realizado la transferencia acordada en el momento que administrativamente nos ha sido posible», por las obligaciones de pago que le fueron atribuidas en el marco de la disolución y liquidación de las deudas de la institución.
En un comunicado, el primer edil ha instado su homólogo utrerano a «informarse bien» en este sentido, y añade que en este asunto «es muy importante la lealtad institucional que nos debemos todas las administraciones». Guerrero entiende que «antes de hacer pública una información falsa, se deberían haber puesto es contacto con este Ayuntamiento para de esta manera tener información de primera mano».
En este sentido, el socialista ha recordado que El Coronil tenía una participación en la Mancomunidad del 1,6 por ciento, «que supone que hemos asumido una deuda superior a los 700.000 euros», una deuda, asegura, «que pone en jaque la economía municipal y que hemos asumido por responsabilidad hacia trabajadores y proveedores, cuyas deudas quedarán saldadas».
En la misma línea, ha hecho un llamamiento a la transparencia de Mancomunidad y ha reclamado que la presidenta de la comisión liquidadora publique la lista de trabajadores indemnizados y las cuantías que han recibido. Además, pide que se publiquen «los procesos de selección –concurso u oposición– que cada uno de los trabajadores pasó para entrar a trabajar en dicha institución, además de la composición de la comisión de Gobierno en cuyo mandato empezó sus relaciones laborales cada uno de dicho trabajadores».
«Creemos que los más de 200.000 habitantes de los pueblos afectados, que tendrán que pagar de sus impuestos los más de 15 millones de euros de indemnización a dichos trabajadores, merecen la mayor información sobre a dónde, a quién y por qué concepto va a parar el dinero que viene de sus impuestos y que tanto le cuesta pagar», ha explicado el primer edil de El Coronil.
Por último, ha manifestado que la localidad no ha tenido nunca «ni un sólo trabajador en la plantilla fija de la Mancomunidad y que a fecha de disolución de dicho ente, tenía una deuda de 45.000 euros».
El ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda también desmiente a Francisco Jiménez
El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) manifiesta que ha abonado un millón de euros de la deuda pendiente con la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por lo que insta al alcalde de Utrera (Sevilla), Francisco Jiménez (PA), a «informarse debidamente», ya que no es cierto que el Consistorio sanluqueño no haya abonado «nada» de las obligaciones de pago que le fueron atribuidas en el marco de la disolución y liquidación de las deudas de la Mancomunidad, como aseguraba el alcalde andalucista.
En un comunicado, el Ayuntamiento gaditano explica que ha recibido varios embargos de los derechos pendientes a favor de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, entre ellos uno del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lebrija (Sevilla), por un importe total de 1.602.499,01 euros de principal, más 480.749 euros presupuestados para intereses y costas.
Apunta que hay varios embargos más de la Mancomunidad que han sido consignados al Consistorio y que «serán atendidos oportunamente». Según explica, el Ayuntamiento de Sanlúcar «no tiene más que obedecer el embargo de la autoridad judicial sobre los derechos de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y, por tanto, procedió a realizar un ingreso por valor de un millón de euros en la cuenta consignada del dictado juzgado con fecha del 14 de julio de 2014». Agrega que de este pago a cuenta de la deuda se le dio «oportuno traslado» a la Mancomunidad. Por lo tanto, «no es cierto que el Ayuntamiento de Sanlúcar no haya aportado nada con cargo a su cuenta pendiente», puesto que lo está haciendo «mediante el pago en los juzgados de embargos judiciales de la Mancomunidad». Agrega que el saldo restante de los embargos «será ingresado directamente en la cuenta de la citada mancomunidad».    Así, el Consistorio sanluqueño deja constancia «con toda rotundidad y claridad» de que está haciendo frente a sus obligaciones respecto de las deudas de la Mancomunidad, lamentando en este punto la «deficiente información» del alcalde de Utrera, al que «ruega» que «se informe bien y contraste los datos» con carácter previo a hacer declaraciones públicas que «no se corresponden con la realidad».
Ambos ayuntamientos hacen esta aclaración después de que, el pasado día 16, el alcalde de Utrera asegurara que su ayuntamiento y los de El Cuervo y Las Cabezas de San Juan habían saldado sus deudas con la Mancomunidad, mientras que, según afirmaba, otros «como el de Sanlúcar y El Coronil» no habrían abonado «nada» y les reprochaba su «falta de compromiso y responsabilidad».
Cabe recordar que el pasado mes de abril, el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir aprobaba definitivamente su expediente de liquidación, que repartía entre los municipios que la integraban –siete de la provincia de Sevilla y cuatro de Cádiz– una deuda superior a 42,6 millones de euros merced a su participación en la institución y otros aspectos como las deudas pendientes de pago entre los ayuntamientos y esa administración.

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