El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el PSOE contra la aprobación de la ordenanza fiscal de la Zona Azul en Utrera, impugnada por vulneración de derechos fundamentales. Este recurso busca esclarecer las «numerosas dudas y sospechas» que han surgido en torno a la gestión del proyecto por parte del alcalde del PP, según los socialistas.
En octubre, el PSOE de Utrera ya denunció públicamente una «falta de transparencia» en el expediente de las ordenanzas fiscales, en el que faltaban documentos cruciales como un informe económico financiero de 2022 y otro informe de septiembre de 2024 con el cual el gobierno justificaba desestimar las alegaciones presentadas por los socialistas. La ausencia de estos documentos y la no autorización de acceso a información del expediente de la ordenanza reguladora a los concejales socialistas «han levantado serias sospechas sobre posibles intentos de ocultación de la realidad en torno a los beneficios proyectados por este proyecto de los populares».
Los socialistas de Utrera se preguntan qué es lo que oculta el alcalde del PP, Francisco Jiménez, y por qué esta insistencia en negar información y ocultar informes a la oposición. Además, el PP aún no ha aclarado las dudas que generan los en dos informes económicos contradictorios sobre los ingresos que generaría la zona azul al contratista: mientras el expediente de licitación los cifra en 240.000 euros, la realidad es que el de la ordenanza fiscal los eleva a 570.000 euros. «El alcalde aún no ha explicado el destino de los más de tres millones y medio de euros en plusvalías que se generan», señalan los socialistas.
El PSOE de Utrera ya ha defendido su postura ante la implantación de la zona azul, «con enormes plusvalías que pretende dejar fuera del control y la fiscalización de la intervención municipal. Igualmente los socialistas recuerdan que el PP dejó que Utrera perdiera una inversión de 800.000 € para reforma de las calle Las Mujeres y Álvarez Hazañas para beneficiar el negocio de la zona azul, y que el verdadero motivo para desechar la inversión es el interés de Francisco Jiménez en el oscuro negocio de la zona azul, cuyas plusvalías sin control pueden llegar a los más de tres millones de euros, y a los que el señor Jiménez no quiere renunciar, para volver a manejar una caja negra con la que llevar a cabo operaciones opacas y sin control presupuestario, tal y como realizó en Produsa en su anterior etapa como alcalde, que terminó en un agujero de más de 25 millones de euros para el patrimonio de los utreranos».
Con estos antecedentes, el PSOE exige al gobierno municipal del PP a actuar con transparencia y responsabilidad, y esperamos que las resoluciones del juzgado impulsen una reflexión profunda del alcalde y su equipo de gobierno sobre su manera de proceder.
