La Junta de Andalucía indemniza con 31.000 euros a una funcionaria que tomó posesión de su plaza en Utrera diez años después

10/05/2022

Diez años han tenido que pasar para que una mujer ocupase su plaza de funcionaria de la Junta de Andalucía en el Centro de Empleo de Utrera. Todo fue debido a que el Tribunal Superior de Justicia Andaluz en 2018 anulase una pregunta de la oposición a la que esta mujer se presentó en 2008, diez años antes.

Aunque en un principio, la recurrente no estaba entre los aprobados, tras la anulación de esa pregunta, la mujer pasó a estar aprobada y, por lo tanto tendría una plaza. Esto ha supuesto que la ya funcionaria, que ha estado representada en este proceso por el abogado Francisco Cabral, no pudiera tomar posesión de su plaza en el Centro de Empleo de Utrera hasta 2018, aunque el examen se realizó diez años antes, en el año 2008. Cuatro años más tarde, en 2022, el TSJA ha reconocido que tiene derecho a percibir una indemnización de 31.000 euros por parte de la Junta de Andalucía.

Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha estimado una reclamación de la mujer por los daños morales causados durante todo este tiempo sin poder acceder al puesto de trabajo que había ganado tras la oposición. El alto tribunal ha condenado a la Junta de Andalucía a pagar una indemnización de 31.000 euros. El abogado de la recurrente, Francisco Cabral, explica que su cliente «ha perdido diez años del que era su trabajo, puesto que los funcionarios de carrera del proceso selectivo tomaron posesión de su plaza en noviembre de 2008, el año de las oposiciones«. El letrado recuerda que a la mujer se le reconoce su puesto diez años después, «con los gravísimos perjuicios que de todo ello y de todo orden se han derivado, ya no sólo económicos, sino también morales».

Aunque en el proceso administrativo la mujer reclamaba 100.000 euros de indemnización, esta petición se redujo en sede judicial, solicitando 31.000 euros, una cantidad que el tribunal ha considerado «justa y adecuada».

La sentencia reconoce la existencia de estos daños morales, un hecho que califica como «evidente» y razona que el retraso de diez años en la toma de posesión de su plaza «ha generado a la recurrente una situación de inestabilidad que provoca una repercusión evidente en su estado anímico».

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