La denuncia socialista llega después de que este miércoles 18 de marzo se produjese en el Ayuntamiento de Utrera un Pleno Extraordinario donde entre otros asuntos, se volvió a aprobar el contrato millonario de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos, anulado por el tribunal contractual hasta en dos ocasiones. El Partido Socialista ha votado en contra de este pleno «porque no se puede aprobar con prisas, sin transparencia y sin permitir el análisis y la comprobación de la documentación un contrato que compromete más de noventa millones de euros del dinero de todos los utreranos».

Se trata de la tercera vez que este contrato de la basura se lleva a pleno, tras haber sido anulado en dos ocasiones por los tribunales, lo que evidencia las dudas que arrastra este expediente desde su origen. «Lejos de corregir esas deficiencias, el alcalde ha optado por impulsar nuevamente su aprobación mediante un procedimiento acelerado que limita la fiscalización y el control que corresponde a la oposición», denuncian los socialistas, «cuando el mayor contrato de la historia de una ciudad se tramita sin tiempo para analizar la documentación y sin el debate público que exige una decisión de esta magnitud, lo que crece no es la confianza, sino las dudas».
«Dudas sobre las razones de tanta prisa para aprobar el contrato de la basura de más de noventa millones de euros. Dudas sobre un expediente que ya ha sido anulado en dos ocasiones. Dudas sobre todo lo que rodea a este proceso y que sigue sin aclararse. Persisten cuestiones que el alcalde continúa sin explicar: los viajes sufragados por empresas del sector, las reuniones y comidas pagadas y la ausencia de explicaciones públicas ante hechos que afectan directamente a la credibilidad del procedimiento», señalan desde el Partido Socialista. Este contrato se impulsa además en un contexto en el que distintas instancias están requiriendo información y documentación sobre el expediente, «lo que añade aún más incertidumbre sobre su tramitación«
El contrato de la basura supera los noventa millones de euros, lo que supone cerca de nueve millones anuales durante una década, con consecuencias directas para la economía municipal y para el bolsillo de los vecinos de Utrera. A ello se suma un cambio difícil de justificar: «el alcalde ha pasado de defender un modelo de gestión pública a entregar el servicio a una empresa privada por más de noventa millones de euros. Todo ello consolida un escenario de desconfianza sobre el procedimiento y sobre las decisiones que se están adoptando en torno al mayor contrato de la historia del Ayuntamiento de Utrera.»







