Todos los grupos políticos que componen el Pleno municipal de Utrera han aprobado una moción de forma unánime que el PSOE presentó hace un mes, según detallan en su nota de prensa. En concreto esta moción viene a referirse a la petición de subrogación de trabajo del personal técnico de integración social de los centros escolares.

El servicio de atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, se recoge en la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, y en lo concerniente a la Comunidad Autónoma Andaluza en la Ley 17/2007 LEA, en cuyas Disposiciones Generales se recoge entre otras cosas que “La Consejería competente en materia de educación dotará a los centros docentes de recursos humanos y materiales que posibiliten el ejercicio de su autonomía”. Según se desprende de la citada regulación normativa, la administración educativa debe de dotar a los centros del personal idóneo para prestar este servicio, o dicho en otro termino, del Personal Técnico de Integración Social correspondiente. Desde hace varios años, el Personal Técnico de Integración Social, viene reclamando a la Junta de Andalucía que se subrogue a dicho colectivo, pudiendo de ese modo garantizar que cada trabajador y trabajadora continuará en su centro desarrollando sus funciones como hasta este momento.

«La Junta de Andalucía, que tiene privatizado el servicio, da estos profesionales contratos a tiempo parcial, casi nunca a jornada completa, por lo que dependen de las necesidades del centro y de las horas que le otorgue a cada uno de los centros la Consejería de Educación. En verano se les da de baja a sus contratos y no tienen días de asuntos propios ni bajas por riesgo laboral. Además la privatización del servicio genera agravios comparativos entre las profesionales contratadas por la Junta —personal laboral— y las contratadas por empresas externas», explican desde el PSOE.

Además han venido denunciando la cesión ilegal de trabajadoras, e incluso varias ya tienen sentencias donde se reconoce esta cesión y el incumplimiento de la Consejería de Educación. Según dicen los socialistas, este colectivo sufre periódicamente impagos por parte de las empresas, sobre todo, cuando el gobierno de la Junta de Andalucía tiene problemas de pagos con las empresas adjudicatarias del servicio, y como siempre, son las trabajadoras las que sufren las consecuencias. Por otro lado, recientemente, el gobierno de la Junta de Andalucía presento un decreto por el que se establece el servicio complementario de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades educativas especiales por parte del profesional técnico de integración social y se regula su organización, funcionamiento y gestión.

«Y hemos de recordar en este sentido que la atención al alumnado con necesidades educativas especiales no es un servicio complementario sino que forma parte del proceso educativo del alumnado y por tanto, se trata de un servicio esencial. Este Decreto no tiene otra finalidad sino la de eternizar la contratación de las PTIS por parte de empresas privadas, es decir, de la privatización del servicio. Sin embargo, la PTIS son puestos de trabajo esenciales y estructurales, como así recoge el artículo 116 de la Ley de Educación en Andalucía, cuando expresa que “la atención al alumnado con necesidades educativas especiales corresponde al profesorado y a otros profesionales con la debida cualificación”. Por tanto, la única solución a este problema pasa porque el gobierno de la Junta de Andalucía subrogue a las PTIS externalizadas, como personal laboral y ponga fin a esta lamentable situación que padecen los y las trabajadoras que prestan este servicio público».

Según el acuerdo que se ha firmado hoy, “instan a la Junta de Andalucía que asegure en su puesto de trabajo a todo el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) e Intérpretes de Lengua de Signos subcontratado que viene haciendo su labor en la Escuela Pública, y garantice el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas para ambos colectivos, además de ampliar el número de estos profesionales para garantizar una educación pública de calidad al alumnado con Necesidades Educativas Especiales”.