El próximo jueves 29 de febrero tendrá lugar el Pleno ordinario y el grupo municipal socialista presentará dos mociones, teniendo que ver con temas que inciden directamente en la economía de los hogares utreranos. Por un lado, “presentaremos una moción para exigir a la Junta de Andalucía que resuelva de una vez por todas los problemas en la gestión del bono alquiler para los jóvenes; unos 70 millones de euros que el Gobierno de España transfirió al gobierno andaluz hacen más de un año y que el presidente Juanma Moreno ha sido incapaz de gestionar”, explicó el concejal Manolo Romero.
En este sentido, Andalucía ha retrocedido 4.3 puntos en emancipación y es la comunidad donde más difícil lo tienen los jóvenes para independizarse. Por tanto, tal como comentó Manolo Romero, “es indignante que Juanma Moreno tenga a prácticamente la mitad de los posibles beneficiarios, más de 5000, un año después, sin recibir esta ayuda. El año pasado hubo concentraciones en todas las capitales andaluzas y las explicaciones del presidente andaluz se limitaron a hablar de problemas técnicos e informáticos en la tramitación. Los socialistas de Utrera conocemos decenas de casos de jóvenes utreranos que están desesperados, y es hora de que el PP y Francisco Jiménez, que gobiernan Utrera, se pongan por una vez de parte de nuestra ciudad”.
Por otra parte, como explicó la concejala María José Ruiz, “presentamos una moción para que la Junta de Andalucía reembolse a los municipios las cantidades que deben abonar debido a la Ley 7/2022, por el depósito de residuos en vertederos. Puesto que lo que pretende esta norma es fomentar la economía circular, el ingreso de este impuesto debe volver a los ayuntamientos y revertir en medidas encaminadas a recuperar el medio ambiente, o en inversiones que mejoren la calidad de vida de la gente”.
La aprobación de la Ley 7/2022, de residuos, suelos contaminados y economía circular, tiene como finalidad reducir los residuos que generamos y s impacto ambiental. “Es esta norma la que dispone un nuevo impuesto, cuya gestión le corresponde a las CCAA y que, más que un fin recaudatorio, pretende realizar un tratamiento integral en materia de gestión de residuos. Forma parte de una Directiva aprobada en la UE que España está obligada a cumplir, por lo que debemos verlo como una oportunidad para dotar a los municipios con nuevos recursos para, como decimos, desde el ámbito local realizar nuevas inversiones”, finalizaba María José Ruiz.
Según la nueva normativa, serán los ayuntamientos los que deben soportar este tributo e incentivar prácticas que reduzcan la acumulación en vertederos o los que se deben incinerar. Tiene, por tanto, un carácter finalista y solicitar su reintegro a la Junta de Andalucía es una oportunidad, como han hecho otras CCAA como Asturias.
