El PSOE de Utrera ha exigido explicaciones al alcalde, Francisco Jiménez (PP), y a la Junta de Andalucía ante la situación en la que se encuentran las 38 viviendas protegidas (VPO) de Los Ruedos de Consolación, cuyas obras están paralizadas. Esta denuncia sitúa el foco en la gestión municipal de la vivienda, recordando que en el municipio hay actualmente 78 inmuebles públicos pendientes de solución si se suman estas 38 viviendas a las 40 de la calle Antonio de Nebrija que aún no han retornado al patrimonio local.

Los antecedentes de esta promoción se remontan a enero de 2025, momento en el que el presidente autonómico, Juanma Moreno, y el propio Francisco Jiménez participaron en el acto de colocación de la primera piedra, fijando un plazo de ejecución inicial de 14 meses que concluía en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, ni ese plazo ni la fecha posterior fijada para el 30 de junio de 2026 llegaron a cumplirse. Los problemas se hicieron evidentes meses antes, en noviembre de 2025, tras denunciarse impagos a autónomos y pequeñas empresas locales superiores a los 100.000 euros en algunos casos, a pesar de que el alcalde negó en el pleno municipal de octubre que los trabajos estuvieran parados.

En el ámbito administrativo, la obra fue adjudicada por la agencia AVRA por un importe cercano a los 4,96 millones de euros con financiación europea Next Generation. No obstante, el 17 de abril de 2026 se aprobó una modificación contractual que incrementó el coste total por encima de los 5,19 millones de euros. Ante la constatación de la paralización y el retiro de materiales en agosto, los socialistas critican la falta de transparencia del equipo de gobierno y exigen respuestas concretas sobre cinco cuestiones clave:

• El estado administrativo real y el grado de ejecución de los trabajos.
• Los motivos exactos de la paralización material y el nuevo calendario para la reanudación.
• La justificación de los más de 232.000 euros adicionales aprobados en abril y el estado de sus abonos.
• Las soluciones pertinentes para los proveedores locales afectados por los impagos.
• Las garantías de conservación de los fondos europeos Next Generation.

Finalmente, el PSOE ha reprochado al alcalde su pasividad, instándole a defender con rigor documental los intereses de los utreranos frente a la Junta de Andalucía y reiterando que el derecho a una vivienda digna requiere finalizar las obras y respaldar a las familias y autónomos afectados en lugar de limitarse a actos protocolarios.