En el pasado, el gobierno socialista había logrado un acuerdo con la sociedad LivingCenter para rescatar las 40 viviendas sociales de la calle Antonio de Nebrija que la empresa Produsa perdió por dejar de pagar las hipotecas de las mismas. En su día, Bankia se adjudicó las viviendas en el concurso de acreedores de la sociedad municipal quebrada PRODUSA por impago de la hipoteca y acordó con el alcalde (entonces Francisco Jiménez) un acuerdo de gestión por el que el Ayuntamiento se quedaba con la gestión de las viviendas pagando en torno a 1,2 millones de euros, pero la propiedad seguía siendo de Bankia. El acuerdo tenía un horizonte temporal de 2032, momento en el que decae la calificación de la viviendas, tras el que todo (propiedad y gestión) volvería a Bankia.
Este acuerdo, muy desfavorable para el Ayuntamiento de Utrera según los socialistas, fue rechazado por José María Villalobos y el PSOE, tras el cambio de gobierno en 2015, inició una nueva negociación que se vio interrumpida por la adquisición de Bankia por CaixaBank. Tras varios años intentando retomar el asunto por parte del Ayuntamiento, se reanudaron los contactos en el verano de 2022 con LivingCenter ya como propietario de las viviendas.
Tras una dura negociación, en el mes de marzo de 2023 se acordó un precio de adquisición de 24.500 euros por vivienda (980.000 euros en total), una operación muy ventajosa para el Ayuntamiento y que le iba a dar tranquilidad a los vecinos. Este rescate se sumaría a los ya realizados con las viviendas de Brigadas Internacionales y de Movimiento Maqui, rescatadas en su día por el gobierno socialista «tras el fiasco de la gestión de Jiménez en la sociedad municipal Produsa», apuntan desde el PSOE.
El PSOE ha preguntado en el pleno varias veces sobre este tema, sin respuesta de gobierno municipal. «Han pasado los meses y el gobierno sigue sin hacer nada, paralizando otro proyecto beneficioso para Utrera por incapacidad y revanchismo político. En este caso, además, se da la paradoja de que se trata de una iniciativa que soluciona un problema que el propio Jiménez creó cuando dejó de pagar la hipoteca de estas viviendas y llevó a la quiebra a Produsa», explican los socialistas.
