Para el alcalde Francisco Jiménez y su equipo de gobierno, el acuerdo marco aprobado por el Pleno de la Diputación de Sevilla es un “copia y pega” del mismo documento aprobado en 2019 por el entonces presidente de la Diputación Fernando Rodríguez Villalobos y el entonces alcalde y vicepresidente del Huesna, José María Villalobos y del que no se ha hecho nada en absoluto a parte de anunciar una vez más el inexistente traslado. Desde entonces han pasado 6 años y otros 22 años desde la creación del consorcio de aguas y del compromiso reiterado pero nunca cumplido de que la sede estaría en Utrera. «Ahora la Diputación vuelve a repetir la misma historia al aprobar un texto sin garantías de ningún tipo», denuncian los populares.

El acuerdo aprobado el pasado 27 de Noviembre dice textualmente:

“La firma de este Acuerdo Marco consiste en una mera declaración de intenciones que viene a expresar la voluntad de las partes firmantes para actuar con un objetivo común, sin que, en ningún caso su firma suponga la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles para las partes, careciendo de repercusión económica inicial, ya que al tratarse de un Acuerdo Marco, su contenido obligacional no se encuentra ni concretado ni cuantificado”.

Si no hay repercusión económica, ni plazos establecidos ni compromisos jurídicos concretos, el acuerdo -el mismo de 2019- es «un simple papel sin contenido real como se ha demostrado en estos 6 años anteriores». Tampoco se ha incluido la solicitud que hizo el alcalde, en una Junta General del Consorcio, en la que solicitó que, al menos, el domicilio fiscal de Aguas del Huesna y del consorcio estuvieran en Utrera. Jiménez «desmiente así las declaraciones del vicepresidente del Huesna, José M.ª Villalobos quién pretende olvidar sus propias declaraciones de 2019 anunciando lo mismo que ahora».

El conflicto no resuelto entre el Huesna y Utrera se remonta al año 2012, cuando el pleno del ayuntamiento aprobó rescatar la gestión del agua tras los reiterados incumplimientos por parte del consorcio, tanto con el traslado de la sede como la no ejecución de obras de envergadura como consecuencia de las inundaciones del año 2007. Desde el gobierno municipal se considera que lo aprobado por la diputación provincial «es insuficiente para el municipio y se estudiará con detenimiento la decisión futura».