El Grupo Municipal Socialista de Utrera, con su portavoz José María Villalobos, ha respondido en rueda de prensa al anuncio del Gobierno municipal del cierre temporal de la piscina cubierta de Vistalegre, acusando al alcalde Francisco Jiménez de haber provocado una «situación de bloqueo» en los servicios públicos. Villalobos lamentó la preocupación de trabajadores, usuarios y deportistas, y calificó la gestión del gobierno como «paralizada, negligente y sospechosa». El portavoz negó ser el responsable del cierre, tal y como había sugerido el equipo de gobierno, y señaló directamente a las decisiones y omisiones del actual ejecutivo.

Las palabras misterio o sospechoso podrían describir las declaraciones de la oposición pues Villalobos reveló que la decisión de cerrar la piscina se tomó el 21 de octubre, pero el gobierno la «ocultó» a la ciudadanía durante dos semanas. Además subrayó que la decisión de cerrar se produce poco después de que el PSOE registrara, el 3 de octubre, una pregunta formal pidiendo las cuentas de la piscina.

«Hemos llegado a esta situación por las decisiones y las omisiones del señor Jiménez Morales y de su equipo de Gobierno. Esa es la realidad: despilfarro, irregularidades y, para colmo, nos quedamos sin servicio«, declaraba Villalobos. Además acusó al alcalde de no ser él el que diera las explicaciones pertinentes sobre el cierre de la piscina y enviar en su lugar a «dos escuderos», exigiendo que sea él como alcalde quien de las aclaraciones.

Además pidió el cese inmediato de los concejales responsables de la situación, una auditoría sobre los pagos realizados, que se depuren las responsabilidades a todos los niveles y soluciones rápidas para los más de 2.000 usuarios de la piscina, muchos de ellos por motivos médicos.

Villalobos aprovechó la comparecencia para anunciar que un tribunal ha anulado la licitación del contrato de recogida de basura y limpieza pública de Utrera, «el tribunal me ha dado la razón y anula la licitación del contrato de la recogida de basura,» declaró, señalando que el Tribunal obliga al Ayuntamiento a «volver a empezar».

El portavoz concluyó reafirmando que su obligación es «seguir defendiendo los intereses de los utreranos» y asegurando que no pueden culpar a su anterior gobierno del cierre de la piscina dos años y medio después de dejar el poder.