El PSOE de Utrera ha anunciado que presentará una denuncia ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción para que analice el expediente relativo al contrato de infraestructuras de las ferias de Utrera y Pinzón, al considerar que existen presuntas irregularidades en la decisión adoptada por el Gobierno municipal, presidido por Francisco Jiménez. Según los socialistas, el equipo de gobierno renunció a la continuidad de un contrato que contemplaba una duración de hasta cuatro años —dos iniciales y otros dos de prórroga previstos desde su adjudicación— para licitar uno nuevo con un presupuesto superior y un menor alcance en los servicios incluidos.
El PSOE sostiene que el contrato anterior, con un presupuesto aproximado de 290.000 euros, daba cobertura a las ferias de Utrera, Pinzón, Trajano y Guadalema. En cambio, asegura que el nuevo contrato, con un importe de 364.192 euros, únicamente incluye las ferias de Utrera y Pinzón. La formación también afirma que algunos servicios contemplados en el contrato anterior han quedado fuera de la nueva licitación y que el Ayuntamiento deberá contratarlos de forma independiente para garantizar el desarrollo de la Feria, lo que, a su juicio, incrementará el coste final que asumirán las arcas municipales.
Asimismo, el PSOE señala que la nueva licitación fue adjudicada a la misma empresa que ya prestaba el servicio y que, en esta ocasión, solo concurrió una oferta al procedimiento. Los socialistas consideran que esta circunstancia también debe ser analizada por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Por ello, el grupo municipal socialista solicitará que este organismo examine el expediente completo para determinar si la actuación del Gobierno local se ajustó a la normativa de contratación pública y si de los hechos pudieran derivarse, en su caso, responsabilidades.
En su comunicado, el PSOE reclama al alcalde, Francisco Jiménez, que explique los motivos por los que se renunció a la continuidad del contrato vigente, las razones para tramitar una nueva licitación con un mayor presupuesto, la reducción de los servicios incluidos y el coste total que supondrá para el Ayuntamiento la contratación de las prestaciones que, según denuncia, han quedado fuera del nuevo contrato.
