Tras la comparecencia pública del pasado 19 de mayo de la delegada de Servicios Sociales, Alba Padilla, la sección sindical de UGT ha emitido un comunicado para esclarecer la realidad de la plantilla. Los delegados sindicales defienden que siempre han actuado con «total claridad y transparencia» y acusan al Gobierno local de desviar la atención frente a los incumplimientos reales que sufre el colectivo. El punto más crítico de la controversia radica en los descuentos aplicados en las nóminas debido a las horas en negativo.
Frente a la postura municipal que justifica los recortes bajo el amparo del convenio provincial, UGT recuerda de forma tajante el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores: «Todas las horas generadas en negativo por el trabajador que obedezcan a causas imputables exclusivamente a la empresa eximen a la plantilla de tener que devolverlas o de sufrir cualquier tipo de descuento salarial».
Asimismo, el sindicato denuncia la gestión de este mecanismo por parte de la empresa adjudicataria. Explican que el sistema de caducidad cuatrimestral genera un profundo malestar y rompe la conciliación familiar. Según el convenio, si un trabajador rechaza recuperar horas hasta en dos ocasiones, se le debe descontar únicamente la parte proporcional de los servicios ofrecidos y rechazados, no el total de la deuda acumulada, ya que existe todo un cuatrimestre para seguir compensándolas. Sin embargo, afirman que la empresa está detrayendo el total de las horas de forma fulminante.
UGT desmiente que el convenio se esté cumpliendo a rajatabla en el servicio de Utrera. Los delegados enumeran una serie de derechos que se están vulnerando de forma sistemática:
- Plus de disponibilidad: No se está abonando conforme a lo estipulado.
- Descanso obligatorio: No se respetan las 12 horas reglamentarias entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente.
- Jornadas parciales fraccionadas: Se están dividiendo turnos en contratos parciales, algo expresamente prohibido.
- Horas complementarias: En el proceso de subrogación, la propia empresa incluyó un anexo comprometiéndose a abonar y cotizar a la Seguridad Social las horas complementarias realizadas, un acuerdo que, según el sindicato, «no se está cumpliendo desde el primer día».
- Falta de uniformes: A las puertas de entrar en la segunda mitad del año, la empresa aún no ha entregado ninguna de las seis prendas de ropa de trabajo que le corresponden a cada empleado según las exigencias del pliego de condiciones.
Respecto a las acusaciones de la delegada sobre las «falsas promesas» de la oposición en torno a la gestión pública del servicio, UGT ha tirado de memoria histórica local. El sindicato recuerda que fue la propia edil Isabel González Blanquero quien, durante un mitin de campaña electoral celebrado en el Castillo de Utrera, catalogó la municipalización del servicio como un «compromiso y reto personal».
Los delegados van más allá y desvelan que en una sesión plenaria se llegó incluso a poner sobre la mesa el nombre de un futuro gerente para la empresa pública, afirmando textualmente la propia González Blanquero que el proyecto estaba «a falta de unos flecos».
UGT revela que, tras conocer los resultados negativos del estudio de viabilidad económica, los trabajadores mostraron una actitud colaborativa proponiendo la negociación de un convenio propio (Ayuntamiento-Trabajadores). La plantilla ofreció congelar temporalmente sus condiciones actuales para dar margen a la administración a estabilizar el servicio antes de negociar mejoras progresivas.
La respuesta de la delegada Alba Padilla en una entrevista posterior a este medio no gustó al colectivo, recuerdan los delegados: «Como trabajadores, podemos pedir lo que estimemos oportuno, otra cosa es que se nos dé».
A pesar del cruce de acusaciones, desde el comité de UGT reiteran su total disposición a sentarse a negociar públicamente unas mejoras laborales que verdaderamente dignifiquen el Servicio de Ayuda a Domicilio y aporten el valor real que merece la labor diaria de sus 220 profesionales.
