Ante las recientes denuncias vertidas en notas de prensa sobre un supuesto incumplimiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el servicio de ayuda a domicilio, el Gobierno local de Utrera ha comparecido para «esclarecer la situación» y aportar rigor técnico frente a lo que han calificado de informaciones «frívolas y alarmistas», a través de la delegada de Servicios Sociales e Igualdad, Alba Padilla.

La delegada de Servicios Sociales ha sido tajante al señalar que, tras realizar una auditoría interna de las nóminas de las 220 trabajadoras del servicio, «la legalidad se está cumpliendo al cien por cien». Según explicó la delegada, cualquier discrepancia en las cuantías salariales percibidas por algunas empleadas responde exclusivamente a la liquidación de horas no ejecutadas, un procedimiento que, sostiene, viene regulado por el convenio provincial del sector, aceptado por los mismos sindicatos que han emitido las quejas.

La delegada aclaró que, tras un análisis exhaustivo realizado junto a la asesora jurídica y los técnicos municipales, solo se han recibido dos reclamaciones formales, no denuncias, sobre descuentos en nómina. La explicación técnica es sencilla: el Ayuntamiento abona a la empresa los servicios efectivamente realizados, y la empresa paga a las trabajadoras según su contrato. Si hay desajustes de horas no trabajadas, el convenio marca un mecanismo de compensación que, de no resolverse tras tres intentos de recolocación, deriva en un descuento en nómina.

Durante la comparecencia, la delegada aprovechó para responder a la histórica demanda de que los aumentos en el «precio hora» del servicio repercutan directamente en el sueldo de las empleadas. Padilla recordó que el actual Gobierno intentó incluir esta cláusula en el nuevo pliego de condiciones —tras años de prórrogas forzosas heredadas del anterior mandato—, pero que fue tumbada por el Tribunal Administrativo por contravenir la normativa. «Intentamos hacerlo a través de mejoras en la puntuación para las empresas licitadoras, pero ninguna ofreció esa mejora», explicó, recordando que la capacidad de negociación salarial reside exclusivamente en la mesa entre sindicatos y patronal.

La delegada no evitó el enfrentamiento político, acusando al PSOE y a su anterior alcalde, José María Villalobos, de «girar la cabeza» ante los problemas durante ocho años. En este sentido, recordó la gestión de las deudas pendientes en servicios esenciales como el Centro de Día de Alzheimer, que el actual equipo ha tenido que liquidar recientemente.

Sobre la municipalización del servicio, la delegada fue tajante: tras estudiar la viabilidad, concluyó que no es posible «hipotecar un pueblo entero» para crear una estructura paralela de tal magnitud, calificando de «irreal» la promesa de municipalización defendida por la oposición.