El PSOE de Utrera ha mostrado su rechazo al nuevo contrato de recogida de basuras y limpieza viaria impulsado por el gobierno municipal del PP y el alcalde, Francisco Jiménez, al considerar que supondrá un “sobrecoste injustificado” para la ciudadanía, después de que ayer el propio Jiménez declarase que el Tribunal Administrativo de los Recursos Contractuales diera finalmente luz verde a la licitación del proyecto tras las alegaciones y paralizaciones de estos meses atrás.
Según denuncian los socialistas, el contrato previsto alcanzaría los 90 millones de euros durante un periodo de diez años, lo que equivaldría a unos 9 millones anuales (aunque desde el gobierno local hablan de 7 millones). A su juicio, esta cifra “más que duplica” el coste necesario para prestar el servicio, que sitúan en torno a los 6 millones de euros al año si se optara por un modelo de gestión pública. Desde el grupo municipal, encabezado por José María Villalobos, advierten de que esta diferencia supondría un gasto adicional de unos 30 millones de euros en la próxima década, “que acabarán pagando los vecinos”, ya sea mediante subidas de impuestos o recortes en otros servicios.
El PSOE cuestiona la decisión del equipo de gobierno de optar por un modelo de gestión privada frente a la pública, asegurando que no se han ofrecido explicaciones suficientes sobre los motivos de esta elección ni sobre el incremento del coste del servicio. En este sentido, reclaman aclaraciones sobre aspectos clave como la financiación del contrato, el impacto económico en las arcas municipales y los criterios técnicos que han llevado a descartar otras opciones.
Los socialistas recuerdan que el expediente del contrato se arrastra desde 2024 y ha sido objeto de diversos recursos y alegaciones, algunos de los cuales —según señalan— fueron estimados por los tribunales, obligando al Ayuntamiento a modificar los pliegos iniciales. A su juicio, estos antecedentes evidencian que las advertencias realizadas por su grupo “no eran políticas, sino técnicas y fundamentadas”.
El PSOE también ha puesto el foco en una serie de encuentros mantenidos en 2024 entre responsables municipales y empresas del sector durante la fase de elaboración del contrato. Según indican, el propio Ayuntamiento reconoció que dichas visitas tenían como objetivo preparar el nuevo pliego y que los gastos fueron asumidos por las empresas participantes. Estos hechos, apuntan, han sido trasladados a los órganos competentes y están pendientes de las actuaciones correspondientes.
Para los socialistas, la magnitud del contrato —que califican como “el más importante del Ayuntamiento”— justifica la labor de control y fiscalización que están ejerciendo. En este sentido, rechazan las críticas del equipo de gobierno y defienden que exigir explicaciones sobre el uso de fondos públicos “no puede considerarse una actuación irresponsable”. El PSOE ha reiterado su intención de seguir utilizando todas las vías legales y administrativas disponibles para supervisar el proceso, insistiendo en la necesidad de garantizar “transparencia, eficiencia y defensa del interés general” en la gestión de los servicios públicos.
