El gobierno del PP de la Junta de Andalucía quiere incluir al profesorado de Secundaria en los Centros de Educación Permanente, y los y las docentes de los CEPER temen que este cambio vaya dirigido a suprimir planes educativos con gran repercusión social, quitando hueco al alumnado mayor cuyo objetivo no es una titulación. Por ello los socialistas presentan en el próximo pleno una moción contra dicha resolución ya que “abre una serie de graves problemas a tener en cuenta, además de no haber tenido presente la opinión de los propios docentes”, explican desde el PSOE Utrera.
Desde que comenzaron a funcionar los Centros Municipales de Educación de Adultos han sido los profesores los que han luchado por la Educación Permanente, aportando todos los cursos y propuestas de mejora al gobierno de Moreno Bonilla sin obtener respuesta alguna. Los CEPER realizan una labor social que va más allá de las propias titulaciones. “En Utrera tenemos un caso muy claro en el Centro de Personas Adultas Hermanos Machado que desde siempre ha realizado una gran labor social de la que debemos estarles muy agradecidos, ya no solo sólo con las personas mayores de Utrera, sino también con las de las pedanías”, comenta el Secretario General del PSOE de Utrera, José María Villalobos.
LA Educación para Adultos lo puso en marcha la Junta en 1984 con un objetivo inicial de alfabetización, creando en todos los municipios andaluces los Centros Municipales de Educación de Adultos (CEPER). “Estos centros se convirtieron en mucho más para nuestros mayores”, señalan los socialistas, “siendo un punto de inflexión para el mundo rural”. Hoy día el objetivo es muy diferente, pues ya se atiende a alumnado adulto que pretende acceder a un Grado Medio o Superior mediante la preparación de las pruebas de acceso, a alumnado que quiere estudiar en la universidad mediante la preparación del Acceso a la universidad, a alumnado que quiere obtener el graduado en Secundaria, a alumnado incluido en la brecha digital…
Por esto, los socialistas utreranos creen que el decreto presentado por el gobierno de la Junta traerá conflictos a la Educación Permanente, produciendo problemas organizativos al tener que combinar a personal con diferente carga de horas lectivas, redundando en la pérdida de alumnado ante la imposibilidad de los centros de ofrecer las condiciones demandadas por el público usuario.
