La concejal y portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Utrera, Isabel González, ha mostrado su frustración ante el hecho de que, desde el pasado día 4 de julio, se haya llegado al punto de que se haya dejado de prestar en la localidad un servicio público “como consecuencia directa de otro grave fallo de responsabilidad protagonizado, nuevamente, por el actual equipo de gobierno socialista”

En concreto, la edil utrerana ha querido hacer referencia a la caída del servicio de recogida y transporte de animales abandonados, “al descuidarse deliberadamente la contratación de una nueva empresa concesionaria para que gestionara dicho servicio”. Entorno a éste episodio, Isabel González ha destacado que lo que más le ha chocado ha sido la tremenda parsimonia que ha observado a la hora de buscar una solución ante un hecho, la finalización del contrato con la empresa anterior, que era completamente asumido por las dos partes involucradas, puesto que el mencionado contrato no podía ser prorrogado ya más veces después de que el mismo concluyera oficialmente el pasado 5 de marzo.

Aun así, “en lugar de buscar otra nueva entidad que se encargara de acometer la prestación de éste servicio, se continuó tercamente intentando prorrogar de cualquier manera la contratación caducada” hasta provocar que, al final y luego del vencimiento de todos los plazos, la gestión quedara completamente vacante.

Para la portavoz local de Cs, la actitud seguida por parte del equipo de gobierno municipal ha traído como consecuencia una clara infracción de la Ley de Bases municipal y de la Ley andaluza 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección Animal, “en las cuales se establece que el servicio de recogida y transporte de animales abandonados es un servicio público esencial y propio de los ayuntamientos, lo cual les obliga a prestarlo”. Es por ello que Isabel González le ha exigido a los responsables de la actual administración municipal de Utrera el inmediato restablecimiento del mencionado servicio, ante las posibles consecuencias legales que podrían recaer sobre la institución “cuenta del incumplimiento tácito de una de sus obligaciones pertinentes”.